Ante el debate que se produce en los medios de comunicación, y que se traduce en un debate social y político, sobre el empadronamiento de "sin papeles", por algunos ayuntamientos, parece necesario pararse a pensar en las consecuencias.

Ante el debate que se produce en los medios de comunicación, y que se traduce en un debate social y político, sobre el empadronamiento o no de las personas inmigrantes por parte de algunos ayuntamientos, parece necesario pararse a pensar en las consecuencias antes de que cada uno pueda tomarse la justicia por su mano.
Como no podía ser de otra manera, el abuso de poder ejercido por estos partidos políticos recae sobre la población más vulnerable. La población extranjera, en momentos de crisis, está viendo peligrar sus puestos de trabajo, sus viviendas, servicios sociales, asistencia médica, su propia educación y la de sus hijos. Todos ellos son derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Si, por un lado, pretendemos liderar, con aires renovados, los cambios políticos, económicos y sociales de Europa, y por otro somos consentidores de discriminaciones, actitudes xenófobas, racistas y claramente ajenas a la ley, estamos poniendo en riesgo nuestra credibilidad como país, como Estado y como personas.
No es justo reconocer los beneficios que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social de la población inmigrante para las arcas del Estado y para la sociedad española en su conjunto y, por otro lado, negar a estas personas el acceso a los servicios básicos y sus derechos fundamentales.
Se acaba de aprobar una nueva Ley de Extranjería (literalmente llamada Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social). ¿Qué van a hacer ahora estas personas que dificultan la integración de los inmigrantes? ¿Extraerán de esta ley lo que les rente? Las sanciones se han elevado considerablemente, pueden también buscar y expulsar a todo aquel que no tenga papeles, pueden darles los peores trabajos, mantener un poco más la economía sumergida con trabajadores en situación irregular.
Si a ello le sumamos su precariedad jurídica derivada de su situación documental (permisos, autorizaciones, cotizaciones mínimas, etcétera), resulta una situación que requiere una especial vigilancia y atención desde un punto de vista social.

Deberíamos replantearnos qué clase de sociedades estamos creando y a qué partidos políticos estamos eligiendo para que las lidere.
Cruces Rosado.
Responsable de coperación, internacional y migraciones de Comisiones Obreras de Extremadura.